La convulsión
política se mantenía en España con varios frentes abiertos en 1834. Primaba la guerra civil, pero
la función pública no escatimaba esfuerzos, movilizando voluntades para
construir el organigrama político que debía regir el país. En abril, la reina
gobernadora, María Cristina de Borbón, promulgaba el Estatuto Real que asentaría la constitución de las
nuevas Cortes, nutrida, por un lado, por un estamento de próceres cuyos
miembros eran designados directamente por la Corona entre la nobleza y
hacendados y, por otra parte, compuesta por un estamento de procuradores, cuya
composición salía de un sufragio muy restringido.
Por Salamanca salieron elegidos como
procuradores Luis de Salamanca (marqués de Villacampo), Mauricio Carlos de Onís
y el hacendado Joaquín Cáceres, quien en ese momento ostentaba el cargo de
regidor decano de Ciudad Rodrigo, con los únicos 16 sufragios existentes en la localidad.
Tomarían posesión de sus actas en la sesión del 24 de julio de 1834 y, por no
romper con la tradición y ya que uno de los elegidos era mirobrigense y cargo
público en el consistorio, en la sesión municipal del 12 de julio se acuerda
celebrar una serie de festejos conmemorativos de la apertura de las nuevas
Cortes: misa y tedeum solemne en la iglesia de San Pedro con asistencia del ayuntamiento, de todos los jefes de los cuerpos de la guarnición, cabildo
eclesiástico y priores de las comunidades religiosas, responsable de la oficina
de rentas, oficialidad de la milicia urbana, etc. Eso por la mañana, ya que se
acordó que por la tarde se corran dos
bacas amaromadas en la plaza, con la anuencia del gobernador, contando
también con baile de tamboril; además, por la noche, habría iluminación general. Todo ello anunciado
a la población por medio de un bando o del correspondiente pregón para que
tuviese conocimiento y también participase.
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| El verraco en la entrada actual al Parador |
Antes de terminar 1834, en Ciudad
Rodrigo se vio una muestra más de la política reformista de este nuevo periodo
liberal. En la sesión de 22 de octubre[1],
atendiendo a la letra y órdenes dimanadas del Boletín oficial número 119 y la circular que está en el boletín número
86, relativas a la eliminación de cualquier símbolo de vasallaje que subsistiera
del antiguo régimen, el consistorio mirobrigense decide que se quite
el berraco que hay en el rabero del puente y las argollas del rollo de la
plaza, sin perjuicio de que se haga derribar el que hay en la calle de ese
nombre del Arrabal de San Francisco si estubiese compreendido en alguna
alusión. El verraco ya había sido arrojado al río durante el Trienio
Liberal[2]; no
dejaba de ser una muestra del vasallaje que había supuesto su hipotética
reutilización para cortar el paso con una cadena que supuestamente tenía
anclada en una argolla[3],
hecho que, también con presunción, habría sido encomendado por el marqués de
Espeja como soporte físico para establecer el pontazgo, ya que este linajudo
mirobrigense había restaurado a sus expensas el Puente Mayor, junto a otras
localidades que estaban eximidas del pago de este gravamen[4]. Y
más evidentes eran los rollos y las argollas que ostentaban en donde se hacía
escarnio público de presos o penados.
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| El gobernador Alejandro González Villalobos |
Pese a la adopción del acuerdo de
supresión de esos símbolos de vasallaje y servidumbre que existían en Ciudad
Rodrigo, varios meses después tuvo que hacer un recordatorio el gobernador
militar de la plaza de armas mirobrigense. El teniente general Alejandro
González Villalobos se dirigió al nuevo consistorio rodericense –el regidor
decano era Juan de Palacio y Villa- el 27 de febrero de 1835 exigiendo la
desaparición de esos elementos que irradiaban la tiranía caracterizada con el
antiguo régimen: Siendo contrario a las
instituciones que felizmente nos rigen y a las intenciones de Su Majestad la
Reyna Governadora haya en los pueblos signos que demuestren servidumbre o tiranía,
según tengo dicho al anterior Ayuntamiento, y existiendo aún en esta ciudad el
rollo en el Arrabal de San Francisco, el berraco en el Puente Mayor y las
argollas en el poste del Consistorio, se servirán vuestras señorías disponer a
la mayor brevedad se demuelan los dos primeros y se arranquen las terceras, por
manera que no quede señal de tan odiosos espectáculos[5]. Una
carta-orden que provocó la convocatoria inmediata, al día siguiente, del
regimiento para determinar que se lleve a
efecto con toda premura la disposición gubernativa, derribando el rollo del Arrabal de San Francisco, el berraco al rabero
del puente y las argollas que hay en el de la Plaza Mayor de esta ciudad.
Para su ejecución se determinó una comisión municipal que, aparte del fedatario
público, estuviera integrada por el regidor decano, Juan de Palacio y Villa; el
regidor segundo, Francisco de Paula Fernández; el regidor tercero, Antonio
Serrano; el regidor cuarto, Alejo Turrientes; y el regidor quinto, Miguel
Sánchez. Es decir, todos los componentes de la corporación con la excepción de
los alcaldes de barrio, síndico y diputado.
Debieron cumplir con su cometido,
aunque a medias. Los rollos han desaparecido, incluidas las argollas del de la
Plaza Mayor, pero el verraco, afortunadamente, sigue ahí después de haber
sufrido varios emplazamientos. Lo cierto es que el 28 de febrero de 1835,
cuando se reunió en consistorio el regimiento, era la víspera del Carnaval –se
celebró del 1 al 3 de marzo- y previsiblemente se pospusiera el cumplimiento de
la orden del gobernador militar, ya que no hay referencia expresa sobre este
particular en la documentación manejada hasta el momento.
[1] La
orden venía emanada de las Cortes de Cádiz, aunque sin demasiado éxito en su
aplicación. El día 26 de mayo de 1813, los diputados promulgaban este decreto:
“Las Cortes generales y extraordinarias, accediendo a los deseos que les han
manifestado varios pueblos, han tenido a bien decretar por regla general lo
siguiente: Los Ayuntamientos de todos los pueblos procederán por sí, y sin
causar perjuicio alguno, a quitar y demoler todos los signos de vasallaje que
haya en sus entradas, casas capitulares, o cualesquiera otros sitios, puesto
que los pueblos de la Nación española no reconocen ni reconocerán jamás otro
señorío que el de la Nación misma, y que su noble orgullo no sufriría tener a
la vista un recuerdo continuo de su humillación.— Lo tendrá entendido la
Regencia del Reino, y dispondrá lo necesario a su cumplimiento, haciéndolo
imprimir, publicar y circular.— Dado en Cádiz a 26 de mayo de 1813.- Florencio
Castillo, Presidente.— Josef Domingo Rus, Secretario.— Manuel Goyanes, Diputado
Secretario.- A la Regencia del Reino”.
[2] Al
respecto, véase DOMÍNGUEZ CID, Tomás. Ciudad
Rodrigo. Carnaval 96. Del 16 al 20 de febrero, “Copla al verraco o historia
de un chapuzón”. Salamanca, Gráficas
Varona, 1996, pp. 129-132.
[3]
SÁNCHEZ TERÁN, Jesús. Fichas
mirobrigenses. ¿Sabe usted... qué fue en sus buenos tiempos el berraco del
Puente. En Tierra Charra, núm.
96, pág. 17, de 4 de agosto de 1929. Dice al respecto el historiador
mirobrigense, tras situarlo en el ‘rabero’ del puente, que el verraco “allí
tuvo durante muchos años una odiosa misión, odiosa para el pueblo que solo ve
en el Estado que cobra tributos los fieros e inexorables bigotes del recaudador y
no la mano providente del que se esfuerza en dulcificar la vida, haciéndola más
humana y más fecunda. El Berraco del Puente fue, en nuestro pueblo, durante
algún tiempo, el símbolo de un tributo, el del portazgo, ya que a una
argolla que tenía en el morro se enganchaba la cadena que cerraba el paso por
el puente a las caballerías y al tránsito rodado. El pueblo, cuando quiso
protestar contra el oneroso tributo, no hizo, ni supo hacer otra cosa, que
arrojar violentamente al pacífico e inofensivo animal, a la orilla del río, de
donde se sacó hará año y medio, para ser colocado, primero en la plaza de
Amayuelas y después en la entrada del Castillo. Gente habrá aún en Ciudad
Rodrigo, que conociese a la tía Portazguera, la mujer del encargado de
cobrar el impuesto, que tal humillación supuso para el cerdo, vencedor
de los siglos, quien en aquella ocasión no pudo evitar que el pueblo,
enfurecido, le privase del hocico, tal vez donde estaba colocada la
argolla, única parte de su animalidad pétrea que hoy no puede mostrar a la
mirada del curioso”.
[4] MADOZ,
Pascual. Diccionario
geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar.
Madrid, 1845. Tomo I, pág. 130.
[5]
AHMCR. Caja 909. Correspondencia, años 1833-1835.
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