Martes de Carnaval de 1822: incidentes por cantar 'El trágala'

Estamos en plenas carnestolendas de 1822, las primeras del Trienio Liberal que organizaba la corporación recientemente estrenada^[1]. Quizá por el ánimo festivo acrecentado que se observaba en la tarde del Martes de Carnaval, después de haber concluido los festejos taurinos se sucedieron una serie de incidentes que tuvieron en vilo a la corporación y, por extensión a toda la población, durante los días y semanas siguientes. No se sabe muy bien por qué, unas jornadas antes de comenzar el antruejo se le ocurrió al regimiento mirobrigense publicar un edicto o bando en el que se prohibía entonar públicamente las canciones populares patrióticas –casi consideradas ya como himnos- de El trágala y El layrón, referencias festivas, sátiras o invectivas sangrantes para la Corona, en especial para Fernando VII por haber tragado con el juramento de respeto a la constitución, pero en donde también salían escaldados otros estamentos y actitudes, como el eclesiástico o la caterva de aprovechados que siempre actúan en beneficio propio, mientras se ensalzaba el pronunciamiento de Riego por haber devuelto la libertad al pueblo en detrimento del absolutismo radical del anterior sexenio. El trágala, en definitiva, era un canto a favor de la constitución de 1812, una crítica a los pancistas y un llamamiento a la acción, a la constante movilización que mantuviera cierto espíritu revolucionario.

Dicen que el trágala  / es insultante, / pero no insulta / sino al tunante. / Y mientras dure / este canalla / no cesaremos / de decir trágala, / ¡Trágala perro! Esta es una de las estrofas que componen esta canción considerada patriótica^[2] y que casi siempre se acompañaba de El layrón, cuyo airado latiguillo era un detonador: layrón, layrón / muera todo Borbón. No había caído bien en el pueblo que un consistorio liberal y constitucionalista –moderado frente a los exaltados, más críticos y revolucionarios, que buscaban acomodar La Pepa al nuevo régimen- actuase como si fuera absolutista prohibiendo entonar las susodichas canciones emblemáticas, tan populares que eran imprescindibles en cualquier situación que supusiera un momento de algarabía, un acontecimiento tan festivo como el aparejado al Carnaval mirobrigense, pero también un recordatorio del momento político que se vivía, caldo de cultivo de la inminente guerra civil.

El regimiento, tal vez intentando guardar las formas con el objetivo de evitar el público escarnio del que no dejaba de ser el rey de España, había fijado el edicto en los puntos habituales, un bando que soliviantó a buena parte de la población y que derivó en la tarde del Martes de Carnaval con la formación de corrillos que entonaban las referidas canciones populares y otras del estilo que, según el acaloramiento, se hicieron temibles en algún modo^[3]. No se le ocurrió otra salida, visto que el populacho iba creciendo en una actitud un tanto provocadora, que convocar al gobernador militar y a los comandantes de las milicias nacionales radicadas en la plaza de armas de Ciudad Rodrigo, quienes dieron cuenta de lo que habían presenciado, pero eludieron tomar una decisión al alimón con el consistorio a la espera de que acabase la última jornada del antruejo, ya que algunas autoridades tenían previsto y comprometido asistir a la representación teatral con que culminaba el Carnaval, aunque se conjuraron ambos estamentos a conservar la tranquilidad y que no se altere el sosiego público^[4].

Grabado de los Caprichos de Goya del Trágala

No obstante, el regimiento vacilaba en fijar un nuevo edicto en el que dejase meridianamente claro que, pese a los comentarios que habían derivado del anterior bando que fraguaron los incidentes del 19 de febrero, nunca se había separado de la senda constitucional por que siempre marcha, según se recoge en la sesión plenaria convocada con carácter extraordinario al día siguiente.

El texto que conformaba el nuevo edicto fue presentado al consistorio para su aprobación. Uno de los regidores, Juan Castillo, al contrario de la opinión de sus compañeros, prefiere abstenerse, no dar su opinión al respecto por cuanto carece, hasta el momento, de la información necesaria, de conocer la realidad de unos hechos que se estaban investigando. Mientras tanto, en espera de que esas providencias le hagan entender la confianza con la que puede decir su opinión, solo puede mostrar su desconfianza que sostenía en los escesos escandalosísimos anticonstitucionales, subversivos y anárquicos que en el día de ayer se han cometido por vecinos del pueblo, oficiales de la guarnición y del Estado Maior de la plaza en la de la Constitución, al frente del consistorio, estando el ayuntamiento reunido y en el teatro; excesos que, aunque de tanto bulto, no han causado aún providencia alguna.

Tenía razón. Los hechos habían sido graves y nada eficaz se había concertado al respecto. Ni siquiera se había logrado esclarecer la causa que desencadenó aquel incidente. Se compromete la tranquilidad, que puede causar males extraordinarios, cuando incluso no se puede contar con la tropa que debe sostener las providencias de las autoridades, como sucedió en la noche de ayer, significa el presidente de la corporación, Rodrigo Sánchez Arjona, como desenlace de la citada sesión extraordinaria, reiterando que ese comportamiento es público y notorio a este ayuntamiento. Como remate, se acuerda, una vez vistas las diferentes posturas, la colocación del nuevo edicto que reafirmara la defensa de la constitución y la apuesta del consistorio por sus postulados, puestos en entredicho tras la prohibición de El trágala.

A la vista de que la tropa no había colaborado en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la tarde del 19 de febrero de 1822, el consistorio había cometido verbalmente a varios regidores para que averiguasen el motivo último que había provocado aquellos incidentes, de los que no se libró la propia corporación, insultada cuando se dirigía a la Casa Consistorial para debatir sobre los sucesos que habían alterado la tranquilidad pública. La inquisitoria dio resultado: El motivo directo del alboroto fue el arresto en el oficial del Estado Maior de esta plaza, D. Ramón Rodríguez, absteniéndose de entrar en el examen de este procedimiento por ser peculiar del señor alcalde, a quien se había dado comisión al efecto en la misma votación en que se decidió fijar el nuevo edicto, según se expone en la sesión del 23 de febrero. Además, no se contaba con las atribuciones necesarias para entrar a fondo en el caso.

No fue solo el arresto del citado oficial el desencadenante del alboroto público. La comisión había llegado al fondo del asunto. Lo presumía el consistorio, de ahí que se publicase el segundo bando aclaratorio. La razón última fue el edicto prohibiendo las canciones de El trágala y El layrón. Este bando –señalan los comisionados- está tan concebido en términos tan absolutos que no deja dudar a que su contesto se dirige a que nadie pueda tener el desaogo de cantarlo en ningún tiempo, forma y lugar.

No obstante, pese a reconocer el origen de los altercados, la comisión municipal no solo desaprueva la conducta de los ciudadanos que ayer infringieron este bando y frente a este consistorio estuvieron entonando estas canciones, sino que desearía que los alcaldes la tomasen en consideración para evitar que se repita otra vez. Y para ello no hay que volver a restringir los derechos de los ciudadanos, a prohibirles entonar canciones, sean cuales sean, porque los ciudadanos pueden hacer todo lo que la ley no prohíbe, y la legislación vigente nada dice al respecto sobre la letra de las canciones que pudieran resultar ofensivas o lacerantes para ciertos individuos: La letra de la canción del Trágala es permitida y nadie puede prohivirla sin infringir la constitución, si no preceden antes las formalidades que previene la ley de 22 de octubre del año pasado. En definitiva, no puede prohivirse que se cante en los términos que se ha hecho, pues su contesto es tan lícito y corriente como todas las demás canciones patrióticas conocidas hasta el día. Además, nadie se había quejado por ser insultado, al menos no había noticia ni denuncia al respecto, por lo que solo era necesario mantener el orden constitucional, sin abusos de ningún tipo que minasen la propia esencia de la carta magna.

Por otro lado estaba el estamento militar destacado en la plaza mirobrigense que mostraba un inusual interés por parte de sus mandos en instruir a las tropas de la guarnición en la política local. Parecieron exegetas cuando se distribuyó y fijó el bando prohibitivo sobre las canciones patrióticas. Así lo puso de manifiesto el gobernador militar de Ciudad Rodrigo cuando, pasados aquellos desagradables sucesos, se dirigió al ayuntamiento solicitando el nuevo bando para hacerlo entender a los cuerpos de la guarnición como lo hizo con el prohibitivo de cantar las canciones del Trágala y Lairón, cuio mandato supone está alzado por dicho edicto^[5]. El gobernador seguía sin entender lo que estaba ocurriendo. No se había derogado el primer bando, sino que con el segundo se había intentado dejar clara la esencia constitucionalista del consistorio mirobrigense: El ayuntamiento no ha alzado la prohibición que en su oficio manifiesta, como podrá ver del edicto que menciona –aclara el regimiento, contestando al gobernador-. Tan solo, a la vista de la conmoción que había generado la reacción del pueblo – tildada de mui estraña- en el seno corporativo municipal, y mostrando su sensibilidad por lo sucedido, ha hecho algunas aclaraciones sobre el bando detonante del alboroto público.

Partitura del Trágala

En el acuerdo corporativo que sirve de contestación al gobernador militar, se deja entrever cierto malestar con la forma de actuación del responsable de la guarnición asentada en Ciudad Rodrigo y que pudo, de alguna manera, ser caldo de cultivo de los incidentes del Martes de Carnaval. Por eso, para evitar nuevas y puede que equivocadas exégesis, el regimiento le informa de que en lo subcesivo no comunicará los vandos de policía y buen govierno que establezca para que se los haga entender a los cuerpos de la guarnición, puesto que los edictos, una vez publicados siguiendo las pautas acostumbradas, obliga su cumplimiento como a los demás havitantes.

El consistorio, quizá en la inopia todavía tras haber sido renovado en las elecciones municipales de finales de 1821, se había visto superado por un ambiente liberal avanzado y por las directrices emanadas de un gobierno constreñido en su propia esencia, sin margen de maniobra y con numerosos, demasiados frentes abiertos. Una situación que propició un estado social vigilante, en alerta, fraguado en la desconfianza y en las apariencias, en mostrar una exacerbación rayana hacia unos postulados que sirvieron para que nuevos pancistas se aprovecharan de la situación, de la falta de control hacia actuaciones interesadas y corruptas y a las que Ciudad Rodrigo no fue ajeno, especialmente con el estamento eclesiástico^[6], esquilmado en su patrimonio, además del desarrollo del proceso desamortizador fundamentalmente de los bienes de la Iglesia, por unas intervenciones impropias e improcedentes, pero que contaron con la colaboración ventajista de buena parte de los capitulares que, llegado al caso, derivó en el destierro de quienes no querían mirar para otro lado, como sucedió con siete miembros del cabildo civitatense un tanto desafectos a esas prácticas^[7].

Aquellos incidentes del Martes de Carnaval de 1822 pusieron de manifiesto una cierta desafección general. El pueblo se había enfrentado con sus dirigentes municipales, el consistorio no mantenía precisamente las mejores relaciones con el gobernador militar y el estamento eclesiástico estaba siendo despreciado cuando no podía adoctrinársele. Llegaron las elecciones a cortes de marzo, ganadas por los exaltados, aquellos que pretendían la aplicación estricta de la Constitución de Cádiz de 1812 y su acomodo al nuevo régimen establecido. Y Ciudad Rodrigo tampoco fue ajena a esta deriva progresista radicalizada que llevaría al extremo de convertir a la plaza de armas mirobrigense, de nuevo, en un enclave relevante en el desenlace de esta etapa convulsa de la historia de España. Se manifestó como un reducto de los constitucionalistas exaltados a medida que iban perdiendo terreno en el resto del territorio nacional, en donde Fernando VII seguía medrando para ganar adeptos con el objetivo esencial de retomar, una vez más, el poder absoluto.

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[1] Estaba presidida por Rodrigo José María de los Dolores Sánchez Arjona y Boza, Jaraquemada y Parreño de Castilla. Fue regidor del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo en 1819 y su alcalde desde el 1 de enero de 1822 hasta diciembre de 1823. Cfr. SALAZAR Y ACHA, Jaime de. Estudio histórico sobre una familia extremeña. Los Sánchez Arjona. Ciudad Rodrigo, 2001, pp. 131 y ss.

[2] Circulaban dos versiones de El trágala, recogidas por GARCÍA NIETO, María Carmen. DeLltiempo de Fernando VII. Madrid: Bases Documentales de la España Contemporánea,1, Guadiana de Publicaciones. 1971. Una de ellas dice: “Desde los niños hasta los viejos, / todos repiten: Trágala, perro... / Trágala, dicen a los camuesos / que antes vivían del sudor nuestro. / Ya se acabaron aquellos tiempos. / ¡Ea!, Manola, no hay más remedio. / Trágala, perro... / Acabó el dulce chocolateo / que antes teníais, ¡oh, reverendos!, / y el ser los solos casamenteros / y algo más. Cuando podía serlo. / Trágala, perro... / También se frustran vuestros proyectos, / necias feotas, que presumíais / con tanto empeño aherrojarnos / cual viles siervos. / Trágala, perro... / Cámaras nunca, en jamás veto: / o ley o muerte y viva Riego. / Burlados quedan, así no menos, / y cabizbajos los anilleros. / Trágala, perro...” La obra versión que recoge García Nieto es la siguiente: “Al que le pese, que roa el hueso / que el liberal le dirá eso: / ¡Trágala, trágala, trágala, / trágala, trágala, perro! / Los milicianos / y los madrileños / la bienvenida  / le dan Riego. / Y al que le pese, etc... / Riego, Quiroga, / Agüero y Baños, / el servilismo / van sofocando. / Y al que le pese, etc... / Se acabó el tiempo / en que se asaba / cual salmonete / la carne humana. / Trágala, etc... / Antes que esclavos / volver a vernos / perecer todos / jurar debemos. / Trágala, etc... / Ya no hay vasallos / ya no hay esclavos, / sino españoles / libres y bravos. / Trágala, etc... / Por los serviles / no hubiera unión, / ni si pudieran, / Constitución. / Trágala, etc... / Mas es preciso / roer el hueso / y el liberal / le dirá eso. / Trágala, etc...

[3] Ibídem. Libro de acuerdos de 1822, sesión del 19 de febrero.

[4] Ibídem.

[5] Ibídem. Libro de acuerdos de 1822, sesión del 27 de febrero.

[6] HERNÁNDEZ VEGAS, Mateo. Ciudad Rodrigo, la Catedral y la ciudad. Salamanca, Impr. Provincial, 1934. Tomo II, pp. 369 y ss.

[7] Ibídem.