La convulsión
política se mantenía en España con varios frentes abiertos en 1834. Primaba la guerra civil, pero
la función pública no escatimaba esfuerzos, movilizando voluntades para
construir el organigrama político que debía regir el país. En abril, la reina
gobernadora, María Cristina de Borbón, promulgaba el Estatuto Real que asentaría la constitución de las
nuevas Cortes, nutrida, por un lado, por un estamento de próceres cuyos
miembros eran designados directamente por la Corona entre la nobleza y
hacendados y, por otra parte, compuesta por un estamento de procuradores, cuya
composición salía de un sufragio muy restringido.