La contienda con las tropas de
Napoleón, con el conocido protagonismo de Ciudad Rodrigo, significaría otra vez
la destrucción de buena parte del Arrabal de San Francisco que, no obstante, en
virtud de la cartografía existente, mantenía similar definición urbanística que
en siglos anteriores, configuración que se mantuvo, no sin cierta polémica
ciudadana, hasta que en 1913 el Gobierno, sensible a la protesta de los vecinos
de las poblaciones amuralladas por las restricciones urbanísticas que había
implantado hacía décadas y, también, por lo obsoleto de unas defensas que ya no
tenían sentido práctico alguno al enfrentarse a la tecnología militar, decidió redefinir
la demarcación de las denominadas zonas polémicas, aquellas afectadas por las
citadas restricciones urbanísticas.
En Ciudad Rodrigo,
después de que sucesivas corporaciones intentasen convencer al Gobierno de la necesidad
de que se replantease la construcción y urbanización en las zonas polémicas,
llegó la noticia del decreto gubernamental del 26 de febrero de 1913, que fue
celebrado por los representantes públicos y recogido por los medios de
comunicación locales. Así, por ejemplo, el semanario Avante refiere la relevancia de la citada orden ministerial y lo
que puede suponer para Ciudad Rodrigo contar con una reordenación de las zonas
polémicas militares: “La de Ciudad Rodrigo se determina en la siguiente
forma: Se asigna al recinto 1ª y 2ª zonas de 250 metros de anchura
cada una menos por la parte del río Águeda, en que solo subsistirá la 1ª
limitada por la margen derecha. Los polígonos de tolerancia de los arrabales de
San Francisco y del Puente, desaparecerán, pasando a ser de libre edificación.
El almacén de pólvora, no tendrá zona.
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| Colocación de la primera piedra del grupo de viviendas San Fernando |
“En todas las zonas. Se permitirá el cultivo de cereales, legumbres y
hortalizas, y previa autorización, plantaciones de árboles frutales y de madera
blanda, líneas telegráficas, telefónicas y de energía eléctrica, explotación de
canteras a distancia no menor de 200 metros y cercar las fincas, con setos secos
o de alambre.
“En primera zona. Las construcciones que se autoricen han de ser para
necesidades de la agricultura o ganadería o en épocas de ferias y fiestas y a
distancia no menor de 100
metros del glacis, y consistir: en sombrajos, tinglados,
barracas, cobertizos, etc., con carácter provisional y duración no mayor de
seis meses y teniendo que ser de madera o materias fácilmente inflamables.
“En la segunda zona. Con carácter permanente, se permitirán las
construcciones antes dichas y además, previa autorización, y en parajes vistos
desde la plaza, edificios de entramado de hierro cerrados con materiales
ligeros de planta baja o buhardilla, para almacenes o graneros, ocupando una
superficie de 100
metros cuadrados y 6 ó 7 de altura hasta el caballete,
orientándose las construcciones, separadas 25 metros , entre sí, como
mínimo, de modo que formen calles amplias que resulten perfectamente batidas
desde la plaza.
“En tercera zona. Se permitirán todas las construcciones anteriores, con
separación de 15 metros ,
superficie 150, y altura 10 a
12, de planta baja, piso y buhardilla, construidas de ladrillo o mampostería.
“En los polígonos de tolerancia, regirán, las disposiciones que en cada
caso se dicten. Estamos, pues, de enhorabuena: desaparecieron ya las trabas que
se oponían a la urbanización de los dos arrabales de nuestra ciudad. Los
barrios del Puente y San Francisco, pueden ya, libres de obstáculos, ampliar,
elevar y modificar sus casas, higienizando sus calles hasta conseguir que sean,
en día acaso no lejano, espejo y ejemplo de la oscura, triste y antihigiénica ciudad
murada”[1].
El Gobierno, a través del Ministerio de Guerra, fijando una serie de
estipulaciones, daba con ese decreto vía libre a que pudieran edificar los
propietarios de los terrenos afectados por la demarcación de las zonas
polémicas, permaneciendo, no obstante, una especie de zona de policía de 250 metros desde el
recinto amurallado, cuya propiedad seguiría siendo del Estado.
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| Proyecto de 1935 para las casas de los maestros |
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, respetando los 250 metros de policía,
dispondría finalmente, por cesión del Ministerio de Guerra, de los terrenos
afectados por aquella disposición sobre la demarcación de zonas polémicas.
Entre ellos se encontraban los espacios próximos a los paseos o parques de La
Glorieta y La Florida y, a la vista de las necesidades que en materia de
instrucción pública se venían apuntando, con unos gastos importantes que había
que satisfacer a los maestros por el alquiler de sus viviendas, el alcalde de
Ciudad Rodrigo, Juan del Valle Santamaría, el 14 de enero de 1935 eleva una
proposición a la corporación municipal exponiendo la necesidad de afrontar la
construcción de un grupo de viviendas –apunta que sean 24- para cedérselas al
citado colectivo docente y evitar la sangría del alquiler, al tiempo que
serviría para paliar la “crisis de trabajo” que soportaba la localidad.
Se inician las gestiones y los trámites para concretar la iniciativa del
alcalde. Se crea una comisión para estudiar el proyecto y “después de amplia
deliberación se convino en la necesidad ineludible de llevar a cabo la tan
citada construcción, toda vez que en la actualidad son 13.000 pesetas anuales
las que se pagan por esta gratificación de casa, con cuya cantidad había
suficientemente para pagar la anualidad e interés del préstamo que se
concertase para este fin”. Se señala también que “la corporación cuenta con terrenos
suficientes para esta clase de construcciones, ya vistos y medidos por la
comisión a que al principio hacía referencia y que paralizó sus trabajos
teniendo en cuenta que al estudiarse el proyecto municipal sobre haciendas
locales quitarían a los ayuntamientos esta pesada carga de la citada
gratificación de casa-habitación a los maestros, como así estaba proyectado,
pero desgraciadamente no ha sido así, sino que continuamos como estábamos”,
lamenta Juan del Valle.
Ante esa situación, el alcalde expone con claridad que “se necesitan
construir 24 viviendas que al precio medio de ocho mil pesetas serían 192.000
pesetas, pero como quiera que el Estado subvenciona a los ayuntamientos con
3.000 pesetas cada casa-habitación que se construya, solamente tendría el
ayuntamiento que ir a un empréstito de pesetas 120.000 que podía amortizar en
15 años muy desahogadamente, teniendo en cuenta que en estos 15 años de no
construir las viviendas tendrá que pagar el municipio pesetas 195.000, esto si
no hay aumento de maestros”.
Insiste, además, el alcalde que, aparte de las ventajas apuntadas, “tendría
esta obra también un carácter social, puesto que resolvería también la crisis
de trabajo que en ésta se dejará sentir tan pronto se paralicen las obras hoy
en marcha, además de la urbanización y embellecimiento de la zona edificada”.
La propuesta fue aprobada por la corporación. Se presentan los planos y
también se decide recurrir al Gobierno recabando ayuda económica. La instancia
es firmada por el propio alcalde y tiene fecha del 28 de septiembre de 1935.
Está dirigida al ministro de Trabajo, a la sazón también presidente de la Junta
Nacional contra el Paro Obrero, y solicita la concesión de una subvención de
338.106,72 pesetas, “a que asciende el proyecto que se adjunta a esta
instancia, que se invertirán en la construcción en esta ciudad de casas para
maestros, en cuyas obras se emplearán los obreros parados de esta ciudad”.
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| Plano de la planta principal del proyecto del arquitecto Lorenzo G. Iglesias |
El proyecto técnico fue encargado al arquitecto salmantino Lorenzo G.
Iglesias, quien presenta lo presenta, junto con la correspondiente memoria, el
27 de septiembre de 1935. Apuntaba el citado arquitecto salmantino que “es objeto de la presente memoria
la descripción de las obras que se proyecta ejecutar para la construcción de
seis bloques de viviendas para maestros, en terrenos de propiedad municipal de
Ciudad Rodrigo. Cada bloque se compone de cuatro viviendas, dos en planta baja
y dos en planta principal. Las de planta baja tienen un patio o jardín y las de
piso principal poseen una azotea en la fachada más importante. Los servicios de
lavado, etc., se efectuarán en un patio de servicio que da luz a la escalera de
cada bloque.
“La disposición
intrínseca de cada bloque es tal que puede ser adosado a otro de igual forma
en cualquier posición que se desee, completándose ambas, bien con las fachadas
principales en la misma línea o bien con estas fachadas en orientación completamente
opuesta, dando lugar a un patio central mancomunado para el servicio de lavaderos,
etc.
“Esta disposición especialísima
de cada bloque da libertad de elección de solar entre los varios de que dispone
la entidad que ha encargado este proyecto y por esta razón se ha intentado
desde el primer momento este tipo de distribución.
“Cada bloque como ya
se ha dicho anteriormente se compone de cuatro viviendas, dos en planta baja y
dos en piso alto; con entrada por un portal único, al que antecede un porche
cerrado con una verja baja.
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| Firma del protocolo con la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura para construir el grupo de viviendas de los maestros |
“Cada vivienda
presenta los dormitorios supuestos para un matrimonio con hijos de ambos
sexos. Un comedor, una cocina con despensa y un retrete. El ancho y distribución
se efectúa por un amplio recibimiento que por sus dimensiones puede tener carácter
de habitación de uso continuo. Las plantas bajas llevan un patio o jardín y
los altos una azotea.”
Las pretensiones del consistorio mirobrigense para levantar este grupo de
viviendas caerían en saco roto. A la crítica situación de las arcas públicas se
sumaba la incertidumbre política que depararía el estallido de la Guerra Civil,
con lo que los proyectos quedaron en el tintero hasta que se calmase la
situación en todos los frentes. Por lo tanto, la construcción de estas 24
viviendas para los maestros quedarían en letargo, aunque la idea de edificarlas
seguía latiendo, sobre todo por lo el dispendio que para el erario municipal
suponía la obligación de satisfacer los alquileres de las casas-habitación del
colectivo docente.
El proyecto se retomaría en agosto de 1944, cuando la Delegación Nacional
de Sindicatos y de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, a través de
la Obra Social del Hogar y de Arquitectura procede al deslinde de los terrenos
ofrecidos por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para el emplazamiento del grupo
de viviendas protegidas que se denominaría San Fernando.
La extensión superficial del terreno en cuestión era de 7.715,21 metros cuadrados .
Como linderos tiene al “norte el paseo-jardín La Florida y calle Arrabal de San
Francisco; este, con calle Arrabal de San Francisco; sur, con paseo-jardín La
Glorieta; y oeste, con paseo-jardín La Florida”. Se trataría, pues, de las
viviendas ubicadas entre las actuales calles de La Florida, Santa Clara, la
proyección hacia Venerable Centenares y San Fernando[2].
El precio del metro cuadrado se fijó en ocho pesetas, lo que supondría un
total de 61.721,68 pesetas.
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| Invitación a los maestros, significados al margen, para recoger las llaves y ocupar las viviendas asignadas |
El proyecto de construcción del grupo de 24 viviendas San Fernando se
iría ejecutando y el 1 de agosto de 1948, al mediodía y en el salón de actos de
la Casa Consistorial, se celebraría el acto protocolario de la entrega oficial
de las llaves de dichas viviendas que, en primera instancia, serían ocupadas
por los maestros Isaac Galache Bernal, Eduardo Delgado Núñez, Mariano Sánchez
Prieto, Felicitas Sánchez Vicente, Adelaida Risueño Angos, Alfonso Ortiz Tovar,
Dolores Ballesteros Posadas, Enrique Domínguez Sánchez, Consuelo Fonseca Muñoz,
Ángela Puerto Guzmán, María Herrero Ortiz, Esmeralda Ramos Elena, José Manuel
Hidalgo Barbero, Nicasio García Sánchez, María-Visitación Macías González y
Santiago Delgado García.
Aprovechando la legislación en la materia, el Ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo había firmado el 9 de julio de 1948 un convenio con la Obra Sindical
del Hogar y de Arquitectura para retomar la construcción un grupo de 24
viviendas, dispuestas en terrenos públicos colindantes con el parque de La
Florida, la calle Santa Clara y su proyección a la recién conformada calle de
San Fernando, todavía sin su definición total en la parte que posteriormente
ocuparían el grupo de viviendas Nuestra Señora de la Peña de Francia y la parte
este de la referida vía.
Diez años después, concretamente el 29 de mayo de 1959, recordando el
convenio citado –por lo tanto ya se había desarrollado-, el secretario
accidental del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Julián Gutiérrez Lorenzo,
certifica la fórmula que se adoptará para abonar a la Obra Sindical del Hogar y
Arquitectura el total de la inversión prevista, 1.447.840,21 pesetas,
distribuyéndola en una aportación inicial de 81.984,21 pesetas, 20 anualidades
en un primer periodo que arrojarían un total de 701.784 pesetas y otras 20 en
una segunda etapa, por un montante de 664.072 pesetas.
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| Deslinde de los terrenos ocupados por las casas de los maestros en 1965 |
El grupo de 24 viviendas se había ejecutado bajo la denominación de San
Fernando; tal vez de ahí derivase el posterior nombre de la calle. El 8 de
abril de 1960, Ángel Morales, como secretario de la delegación sindical
comarcal de FET y de las JONS, remite una carta al Ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo recordando que se le habían adjudicado las citadas viviendas y que no
se estaba cumpliendo con lo preceptivo, que fueran ocupadas por maestros o
empleados municipales. Hay “siete viviendas que están ocupadas por personas no
dependientes laboralmente del Ayuntamiento, condición que motivó la
adjudicación directa, y a cuyas personas al parecer se les sigue expediente de
desahucio por tal motivo”.
En estos momentos se estaba trabajando en el proyecto para la construcción
de otro grupo de 26 viviendas, y los demandados, a quienes se amenazaba con el
desahucio, habían solicitado a la Dirección General de la Vivienda “se les
permita la permanencia en dicha vivienda hasta que, construido el nuevo grupo
que se proyecta, pueda adjudicárseles algunas de las que componen el mismo”.
Una petición que, “si no existe inconveniente que imposibiliten acceder a lo
solicitado, se tenga en cuenta”, afirmaba Miguel Ángel García-Lomas, Jefe
Nacional de la Obra.
Por lo tanto, el grupo de viviendas protegidas San Fernando, destinadas a
los maestros y empleados municipales, se compondrían de 50 unidades,
distribuidas a ambos lados de la calle de San Fernando, y en las vías de La
Florida, Ruesga y Santa Clara. Todas ellas de configuración similar, lo que ha
conferido a este espacio urbano una definición típica de la arquitectura de
mediados del siglo XX.
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, una vez que obtuvo la propiedad de la
mayor parte de dichos inmuebles, ha procedido en los últimos años a su
desafectación al servicio educativo, paso previo para la rehabilitación de los
edificios para uso público y de acogida de distintos servicios municipales.
[1] Avante. Semanario independiente. Núm.
151, de 1 de marzo de 1913.
[2] Un
segundo deslinde se realizaría el 14 de mayo de 1965 en virtud de una circular
de la Jefatura Nacional de la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, “en la
que se dan las normas correspondientes para efectuar el deslinde
correspondientes al grupo de 50 viviendas denominado San Fernando, expediente
1.163, propiedad de la organización sindical (Obra Sindical del Hogar y
Arquitectura)”. El resultado del deslinde fue un solar que “linda por el norte
con la calle de Mateo Hernández Vegas, por el sur con calle de Santa Clara, por
el este con calle de San Fernando y por el oeste con calle Florida y resto de
la finca matriz. Tiene una superficie de 7.715,21 metros
cuadrados
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