“Un ruego a las
dignas autoridades: Aunque nuestras autoridades gubernativas no necesitan
estímulos para cumplir con su deber, pues todas ellas se exceden por llenar su
cometido, nos permitimos dirigirles un ruego, haciéndonos eco de sugerencias,
salidas de diversas procedencias”[1]. La
redacción del semanario Miróbriga estaba
preocupada por la elevada delincuencia que, a tenor de la experiencia del
pasado Carnaval, pudiera repetirse en el antruejo de 1934. La situación
económica y social seguía siendo crítica incluso para la subsistencia de las
familias, un panorama que invitaba a buscar insospechadas salidas para acercar
a casa cualquier cosa con lo que poder avanzar hasta el día siguiente. No era
extraño que aumentasen los delitos al socaire de determinadas congregaciones,
una práctica que se venía observando durante las carnestolendas mirobrigenses,
pero que, pese a todo, no tenía demasiada trascendencia.
La redacción de Miróbriga, intentando evitar que se repitieran las prácticas delictivas
del antruejo anterior, lanza una advertencia pública: “El año pasado, durante
el Carnaval, se cometieron raterías por gente maleante venida de fuera y hubo
numerosos intentos de robo. La rápida intervención de la policía evitó mayores
desmanes”[2].
Estaba claro que los delincuentes eran foráneos y había que estar ojo avizor:
“Aunque se ignora si este año se repetirá la ‘faena’, no estará fuera de lugar
redoblar la vigilancia, para que la tranquilidad de Ciudad Rodrigo, que nunca
había sido turbada por semejantes hechos, no sufra detrimento y los ‘cacos’
desistan de dirigir sus tiros sobre nuestra ciudad”.
No es que fuera un revulsivo para
que el alcalde, Juan del Valle Santamaría[3],
solicitara mayor presencia de la Guardia Civil en Ciudad Rodrigo durante las
fiestas carnavalescas. Venía siendo ya costumbre que efectivos de la Benemérita
se desplazasen a la localidad mirobrigense para garantizar la seguridad
ciudadana y facilitar el desarrollo de los festejos taurinos. Este año se
seguiría con la práctica, corriendo el Ayuntamiento con los gastos de
desplazamiento y hospedaje de los efectivos de la Guardia Civil destinados a
Ciudad Rodrigo. En concreto, aunque ignoramos el número de agentes que reforzaron
la seguridad en el Carnaval de 1934, el consistorio desembolsó 76 pesetas por
gastos de alojamiento en los establecimientos hosteleros que regentaban Juan
Manzano[4],
Ambrosio Rodríguez y Miguel Vidal, mientras que el gasto por desplazamiento de
dichos agentes supuso un total de 250 pesetas, pagadas por el “servicio de auto”
a Luciano González, Feliciano Álvarez y Félix de Anta, un servicio que se
efectuó en las vísperas del antruejo, entre los días 7 y 10 de febrero, teniendo
en cuenta que el Carnaval comenzaría al día siguiente.
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