Aunque no era
nada nuevo, a finales de 1929 se intensificó la crisis política en España. Cada
vez era mayor la debilidad, tanto física –creciente diabetes- como
institucional, del general Primo de Rivera. En diciembre había presentado al
rey un plan de transición política que pasaba por la convocatoria de una
asamblea con 500 parlamentarios, mitad senadores y mitad diputados. Alfonso
XIII se tomó su tiempo para responder, por cuanto el presidente del gobierno
iba perdiendo apoyos sociales, políticos -revitalizando a una oposición que
durante años había sido meramente testimonial- y militares, de quienes no
encontró el apoyo deseado y recabado a los capitanes generales para afianzar su
nuevo proyecto gubernamental. Esa evidente falta de confianza le llevaría a
presentar su dimisión al el 28 de enero de 1930. Alfonso XIII la aceptó
inmediatamente, optando Miguel Primo de Rivera por el exilio en París –allí
falleció, en soledad, a los pocos meses víctima del proceso diabético- para
eludir responsabilidades. El rey alzó a la jefatura del Gobierno a Dámaso
Berenguer y Fuste, jefe de su casa militar, quien presidiría el penúltimo
gobierno de la monarquía alfonsina, periodo que pasó a la historia con el apelativo
de la Dictablanda.
Los mirobrigenses seguían con
expectación el proceso de descomposición del régimen primorriverista. Les
tocaría de lleno sus consecuencias, como al resto de las poblaciones españolas,
cuando el 17 de febrero de 1930 el rey, a propuesta del nuevo ministro de la Gobernación,
el también militar Enrique Marzo Balaguer, y buscando recuperar la estela
constitucional previa al golpe de Estado de Primo de Rivera, ordena la
disolución de todos los ayuntamientos fijando su caducidad para una semana
después, el 25 de febrero[1].
Según el real decreto, el interregno de los nuevos consistorios hasta la
convocatoria y resolución de las elecciones municipales, estaría nutrido, en el
caso de Ciudad Rodrigo, con el número de concejales establecidos en el vigente,
pero inoperante Estatuto municipal de 1924[2],
repartidos equitativamente[3] entre
los mayores contribuyentes y los ediles electos con más sufragios desde las
elecciones de 1917. La designación del alcalde, sin embargo, seguiría
dependiendo directamente del Gobierno, sin que fuera preceptivo que el presidente
de la corporación estuviera entre la nómina de los ediles comprendidos en los
dos supuestos señalados.
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| José Manuel Sánchez-Arjona, el Buen Alcalde |
Como un jarro de agua fría cayó el
decreto entre los mirobrigenses. De un plumazo se habían cargado a su Buen
Alcalde y al eficiente consistorio que le correspondía en la gestión municipal.
La corporación, advertida y enterada de la inminente publicación de la
disposición gubernamental que determinaba su cese, el 11 de febrero puso sus
cargos a disposición del gobernador civil interior, Miguel Poladura y Ayuso,
antes de que entrase en vigor el citado
real decreto, iniciativa que no fue tomada en consideración en este momento al
exponer el gobernador que su “criterio es no aceptar dimisiones y más cuando
los cargos están desempeñados por personas tan prestigiosas como lo son ustedes”[4].
Por entonces, José Manuel
Sánchez-Arjona había remitido a los dos semanarios operativos en Ciudad Rodrigo
–Tierra Charra y Miróbriga- un comunicado en el que se esgrimían las razones para
poner su cargo a disposición del nuevo Gobierno al tiempo que presentaba su
dimisión, poniendo de relieve “mi más ferviente agradecimiento por la confianza
que en mí depositaron [los vecinos] y por las facilidades que siempre me dieron
para llevar a cabo, en unión de mis compañeros del municipio, toda la labor municipal
realizada desde el año de 1927, como también las pruebas de afecto y cariño con
que en todo momento me han honrado de este noble pueblo”[5]. En
el mismo escrito el alcalde hace un balance de su gestión municipal, facilitando
también información de la situación que en esos momentos vivía el ayuntamiento.
Ante la dimisión de la Corporación y
pese al criterio del gobernador, los mirobrigenses tienen claro que la próxima
aparición del decreto de renovación de los consistorios impediría que
continuase el actual concejo. Tierra
Charra inicia de inmediato una campaña a favor de la continuidad de José
Manuel Sánchez-Arjona al frente del nuevo ayuntamiento, mientras que Miróbriga aprovecha la situación para
criticar con dureza la gestión realizada por el flamante Buen Alcalde.
La redacción de Tierra Charra, que desde un principio comulgó con el alcalde
cesante y defendió fervorosamente su identidad y gestión, no pierde oportunidad
de poner en valor las bonanzas del equipo municipal saliente: “Para nadie es un
secreto –se afirma en el citado semanario local- que, contra lo que ha ocurrido
en toda España, el ayuntamiento mirobrigense actual carecía del matiz
dictatorial, ya que el alcalde y los concejales aceptaron sus cargos haciendo
valer su absoluto apartamiento de la política bajo ningún aspecto”. Y, claro,
“para nadie es un secreto tampoco que el pueblo admira a su alcalde y no
considera fácil ni conveniente su sustitución, que con política o sin política
es un serio problema local”.
En el ambiente ya se fraguaba la
convocatoria de distintos actos de apoyo a la gestión municipal del gobierno
del Buen Alcalde y la reivindicación de su continuidad al frente del
consistorio. Se quería todo: que continuasen los actuales concejales y, una vez
conseguido esto, que el Gobierno pusiera al frente del ayuntamiento a José
Manuel Sánchez-Arjona. Pero... “ignoramos si ambas cosas se pueden lograr”,
musitaba la redacción de Tierra Charra.
Era un caldo de cultivo que se
aderezó de forma inmediata, nada más conocer la publicación del real decreto de
disolución de los ayuntamientos. El 19 de febrero la junta directiva del
Círculo Mercantil, que tan abierta colaboración había mantenido con el
consistorio mirobrigense en los últimos años, recogiendo el sentir popular,
redactó un manifiesto en defensa del alcalde y la gestión municipal general del
concejo saliente y que fue repartido profusamente. Después de alabar la
trayectoria de esa corporación, el Círculo Mercantil convoca abiertamente a los
mirobrigenses a participar en “una manifestación popular y sin ningún carácter
político, en la que, después de ratificar la adhesión y simpatía de todo el
pueblo al alcalde, señor Sánchez-Arjona, se solicite al Gobierno que sea
nombrado nuevamente, hasta que se verifiquen las anunciadas elecciones”,
manifiesto que fue publicado por Tierra
Charra.
Había fecha, hora y lugar para la
manifestación: el 21 de febrero, a las doce y media de la mañana y en la Plaza
Mayor. “Al comercio y la industria locales recomendamos especialmente la
asistencia al acto y el cierre de los establecimientos a la indicada hora para
permitir a la dependencia que concurra a la manifestación”, apuntaba como
colofón el manifiesto del Círculo Mercantil.
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| El general Miguel Primo de Rivera |
Los contactos políticos iniciados apuntaban
a que podría haber resquicios suficientes para que el Buen Alcalde siguiera al
frente del consistorio, pero debía apuntalarse esa posibilidad con el refrendo
popular y nada mejor que la convocatoria de la manifestación: “La Plaza Mayor
estaba invadida por una multitud compuesta por elementos sociales de todas
clases, predominando los obreros y los comerciantes”, apuntaba Tierra Charra. En el zaguán de la casa
consistorial se instaló una mesa recabando cientos de firmas en apoyo de las
reivindicaciones señaladas, todo ello mientras la directiva del Círculo
Mercantil organizaba la manifestación que tenía como objetivo inmediato presentarse
en el domicilio del alcalde –la renovada casona de los Vázquez-. Allí, una nutrida
comisión se entrevistó con José Manuel Sánchez-Arjona para expresarle los
deseos del pueblo. Este, convencido por los comisionados y tras agradecerles su
adhesión, salió al balcón ante el continuo reclamo de los manifestantes,
quienes, cuando lo vieron aparecer, incrementaron sus voces y le ofrecieron
clamorosas ovaciones.
Cumplido el primer objetivo, la
manifestación volvió hacia la Plaza Mayor para que el presidente del Círculo
Mercantil, Juan del Valle, se dirigiera desde la galería alta a la concurrencia
agradeciendo su participación y anunciando que se enviarían diversos telegramas
a instancias gubernativas, incluso a la infanta Beatriz como alcaldesa honoraria
de Ciudad Rodrigo desde 1928, solicitando la confirmación de Sánchez-Arjona al
frente del consistorio mirobrigense.
Sin embargo, la aplicación de la
legislación vigente imperaba y al llegar el 25 de febrero había que dar
posesión al nuevo consistorio resultante del real decreto del día 17. A lo largo de esa jornada,
martes, José Manuel Sánchez-Arjona proclamó a los concejales que integrarían el
nuevo consistorio[6], convocando sesión para el
mediodía del miércoles con el fin de que tomasen posesión del cargo,
nombrándose en ese acto como alcalde interino, siguiendo la letra de la
normativa, a Clemente de Velasco y Sánchez-Arjona, aunque por ausencia de este
y también la de Santiago Martín García, los dos ediles de más edad, asumió
provisionalmente el bastón de mando Gregorio Gómez Camisón, quien lo cedería a
los pocos días, cuando compareció en el consistorio, a Santiago Martín.
Se estaba a la espera de que el
Gobierno nombrase al nuevo alcalde de Ciudad Rodrigo y había fundadas
esperanzas en que la designación recayese de nuevo en José Manuel
Sánchez-Arjona. El Buen Alcalde, en ese periodo vacuo y ante las que calificó
como “injuriosas” afirmaciones de Joaquín Román Gallego, canónigo y a la sazón
director del semanario católico Miróbriga,
se había dedicado a defender su gestión municipal y aclarar algunos conceptos
de la contabilidad de la que parece dudaba el citado sacerdote. Lo hace con
suma contundencia en Tierra Charra y
con la connivencia de esta publicación periódica mirobrigense. Todo ello poco
antes de que llegase la buena nueva: Ciudad Rodrigo recuperaba la figura del
Buen Alcalde en el consistorio.
El ministro de la Gobernación, a la
vista de la voluntad del pueblo y de los antecedentes de José Manuel
Sánchez-Arjona al frente del consistorio, había resuelto su designación como
alcalde titular del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. La resolución, fechada el
20 de marzo, y dirigida al gobernador civil, es trasladada al consistorio mirobrigense
por vía telegráfica. El alcalde interino, Santiago Marín, convoca el pleno de posesión
para el mediodía del lunes 24 de marzo. Sánchez-Arjona, tras acceder al cargo y
agradecer el apoyo y las gestiones realizadas para que volviese a presidir el
consistorio, afirma que “yo no debía de haber vuelto a la alcaldía. Mi deseo
era no haber vuelto más. Siempre he creído que los hombres en los cargos
públicos se gastan de tal modo que si ellos no saben retirarse a tiempo, ese
mismo tiempo acaba por echarlos. Por otra parte yo ya he cumplido ese deber que
todos tenemos que ofrecer nuestro trabajo y esfuerzo personal a la patria chica
con los tres años que he desempeñado la alcaldía, en la que, si tuve
desaciertos, puse en cambio al servicio de ella todo mi entusiasmo sin que
llegaran a entibiarlo los sinsabores y las preocupaciones propias del cargo[7]”.
Lo quiere dejar claro: “Si vuelvo al
ayuntamiento no es por ambición ni por el deseo de ocupar un puesto político,
que me ofrecieron sin solicitarlo, y que entonces acepté porque me creí en el
deber de hacerlo. Si vuelvo a la alcaldía es solamente por un acto de
delicadeza. Al ser destituido el ayuntamiento anterior, faltaban por liquidar algunas
cuentas con contratistas de obras; se debían algunas cantidades por este
concepto y faltaba que rematar las obras de la traída de aguas, y para mí era
violento el entregar la alcaldía a otra persona que tuviera que comenzar a
amortizar deudas no contraídas por él, y que tuviera que asumir la
responsabilidad de unas obras hechas para el mejoramiento del servicio de aguas
que todavía no están, en realidad, probado su total resultado. En una palabra,
creía mi deber continuar aquí, hasta la liquidación del último céntimo de esas
veintiocho mil pesetas que se deben y hasta conseguir el límite máximo posible
en el mejoramiento del servicio municipal a que antes aludo[8]”.
[1] Gaceta de Madrid, núm. 48, de 17 de
febrero; pp. 1.218 y ss. Real decreto núm. 528.
[2] “Fue
la norma reguladora de los ayuntamientos en España promulgada por la dictadura
de Primo de Rivera el 8 de abril de 1924. Pretendía «regenerar» la vida
municipal para «descuajar el caciquismo», pero el Estatuto no se aplicó porque
las prometidas elecciones nunca se celebraron y los concejales y los alcaldes
fueron nombrados por los gobernadores civiles, a su vez designados por el
Directorio militar, convirtiéndolos así en un apéndice de la Unión Patriótica,
el partido único de la dictadura”. Colaboradores de Wikipedia. Estatuto municipal de 1924 [en línea]. [Consulta
realizada el 23 de octubre de 2014]. Disponible en http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estatuto_Municipal_de_1924&oldid=74192238.
[3] Si el
número fuese impar recaería la mayoría en los contribuyentes.
[4] Tierra Charra, núm. 124, de 16 de
febrero de 1930; pág. 6.
[5]
Ibídem. Insertado también en el semanario Miróbriga
en el número del 16 de febrero.
[6] La
corporación quedó conformada por Clemente de Velasco, Santiago Martín, Gregorio
Gómez Camisón, Abelardo Lorenzo Briega, Faustino San José, Baltasar Vicente de
la Nava, Turismundo Vicente Nieto, Pedro Vicente de la Nava, Miguel Pérez
Hernández, Ladislao Trinchet, Francisco Luis García, Ángel Rodríguez, Dionisio
Moro, José Pérez Solórzano y José María Rodríguez.
[7] Tierra Charra, número del 30 de marzo de
1930.
[8]
Ibídem.
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