Una nueva
corporación se estrena con 1867. Estaba presidida por el abogado Lope Doménech
y Bustamante[1]. La situación de la
economía municipal no era nada boyante, más bien lo contrario, como se vería en
una decisión adoptada a finales de año. Pero de momento, se inicia el año con
la pauta vinculada a la organización de los festejos taurinos de un Carnaval
tardío, que se presentaba el 3 de marzo. En esta ocasión surgió en el seno del
consistorio un debate motivado por la ubicación del tradicional coso taurino,
ya que la renovación del acerado de la parte baja de la Plaza de la Constitución
generó dudas sobre el retranqueo de los palenques para evitar agujerear el enlosado
por los anclajes necesarios.
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| La huelga, cuadro de Robert Koehler en 1866 |
Aunque se había tomado el acuerdo, la presentación de un escrito firmado
por varios vecinos en el que solicitaban al ayuntamiento que se replantease la resolución
sobre el cierro de la plaza, definiendo el cerco fuera de la acera, motivó otro
debate en la sesión del 18 de febrero, con posicionamientos distintos y
planteamientos divergentes, derivando en una votación que determinase si se
revocaba el acuerdo del pleno anterior o, por el contrario, se mantenía la
resolución adoptada en aquella sesión. El resultado fue de empate, por lo que
el voto de calidad del alcalde resolvería el equilibrio de la votación. Se
definió el cierro de la plaza siguiendo la pauta tradicional, aunque, para
evitar que quedase como una decisión del alcalde, este comunicó en la sesión
del día 12 de marzo, ya pasado el antruejo, que el regidor Felipe Briega –votó
la modificación de la plaza fuera del acerado- tenía que haberse abstenido del
debate y, por supuesto de la votación, siguiendo la letra de las ordenanzas
municipales, en concreto en su artículo 12: Cuando
se tratare algún asunto que interese al presidente, a algún concejal o a algún
pariente de estos hasta el cuarto grado, no podrá el interesado asistir a las
deliberaciones ni al acuerdo que el ayuntamiento adopte y que se le comunicará
después.
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| Isabel II al final de su reinado |
El coso taurino se mantuvo inalterado en este y sucesivos carnavales, tal
y como prácticamente estuvo definido en las décadas y siglos anteriores. Pero,
como se ha dicho, la situación económica que vivía Ciudad Rodrigo no era ajena
a la crisis que asfixiaba a toda España. Si en 1866 había estallado la primera
gran crisis financiera, con la quiebra de varias sociedades de crédito, en 1867,
con proyección al año siguiente, se sumó una crisis de subsistencias motivadas
por el lastre de las malas cosechas que generó la carestía de productos
básicos, como el pan, que determinaron sublevaciones populares en distintos
puntos de la geografía española. La crisis de subsistencias se vio agravada por
el crecimiento del paro provocado por la crisis económica desencadenada por la
crisis financiera, afectando sobremanera el sector de las obras públicas y la
construcción. Una situación explosiva que supondría, un año después, la
revolución septembrina que derrocaría el régimen de Isabel II, dando paso al
periodo conocido como sexenio democrático que buscaba un nuevo sistema de
gobierno en España.
Esta situación general de crisis económica, financiera y de subsistencias
tuvo en Ciudad Rodrigo tal impacto que, en la sesión plenaria del 28 de
diciembre de 1867, el día de los Santos Inocentes, la corporación municipal, teniendo presente la escasez de recursos y
las circunstancias de la localidad, acordó que no haya funciones de novillos en
el próximo Carnabal, reservándose determinar el sustituir las funciones de
novillos con la distribución de limosnas, medio más adecuado y propio para
remediar las necesidades de la clase pobre.
La decisión fue conocida por la población de forma inmediata, pero no
había conformidad con que el acuerdo adoptado por la corporación se pusiera en
práctica. El caldo de cultivo generado con la ‘inocentada’ de eliminar las
corridas del Carnaval había ido nutriendo una respuesta contraria entre los
distintos sectores mirobrigenses. Se haría público ese malestar durante la
festividad de San Sebastián, presentándose en la casa consistorial varias personas, que después de manifestar que, sin embargo de
serles conocidos los plausibles motivos que habían estimulado a la corporación
para acordar que no hubiera novillos en el próximo Carnaval, no podían menos de
significar los deseos casi unánimes de la población para que no se suprimiesen
las novilladas en el año actual. Los motivos en los que asientan esta
propuesta vecinal son evidentes, atendiendo
a la antigua costumbre que viene observándose, y al perjuicio que se ha de
ocasionar a la industria, puesto que faltará la concurrencia de forasteros que
con motivo de las funciones suele haber en tales días.
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| Juan Prim |
El planteamiento fue tomado en consideración por la municipalidad, teniendo presente que si bien al acordar que
no hubiera novillos fue guiada de un buen deseo, como quiera que sea manifiesta
la oposición pública a favor de esas funciones, dispuso suspender lo resuelto
en la sesión última y que en este año se celebren como en los anteriores las
corridas de novillos, comisionando para gestionar los festejos taurinos a
los regidores Custodio Jiménez, Antolín Sierro, Antonio Hernández y Manuel Nava.
Hubo, pues, corridas de novillos en el Carnaval de 1868 pese a la penuria
que acongojaba a la población y al propio ayuntamiento, que buscaba en las
obras públicas, sobre todo acerado o enrollado de calles y plazas, una vía de
escape para la situación calamitosa que suponía para cientos de familias el
paro obrero y la escasez y carestía de productos básicos. Era una situación
compartida con el resto del país que hacía prácticamente insostenible al
gobierno y al régimen isabelino, desencadenando el pronunciamiento ideado por
el general Juan Prim a mediados de septiembre en Cádiz, creando la primera
junta popular. La revolución se fue extendiendo hasta acabar con el destronamiento
de Isabel II y el inicio del sexenio democrático.
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| Alegoría de la revolución del 29 de septiembre |
En Ciudad Rodrigo se formó el primer ayuntamiento popular tras conocer el
éxito del pronunciamiento y su adhesión al mismo. Fue designado alcalde el
presidente del partido progresista, Diego Parreño, quien se rodeó de buena
parte de los cargos relevantes de esa formación política[2]. Se
trataba de un gobierno municipal provisional que fue sustituido al iniciarse
1869 por el que presidió Leopoldo Muñoz de la Peña y Pozo[3] tras
las elecciones de diciembre y que tuvo que enfrentarse al importantísimo
problema del paro, que sería acuciado por la pésima cosecha de este año.
[1] Es
autor de Recuerdos históricos de Ciudad
Rodrigo o Leyendas tradicionales mirobrigenses, libro editado en Ciudad
Rodrigo, en la imprenta de Pedro Tegeda, en 1880. Encontramos una carta testamentaria
publicada tras su muerte en La Semana
Católica de Salamanca, año II, número 70, de 20 de abril de 1887, pp.
275-278, en la que da cuenta de su “conversión” a la religión católica tras
momentos de duda existencial que embargaron su vida durante bastantes años.
[2] La
corporación estaba integrada, además del alcalde, por los concejales José
Santiago García, José Cuesta, Agustín Guitián, Fernando García Perianes,
Antonio Cabrera, Francisco Martín, José Montero, Juan Antonio Morales, entre
otros.
[3] El
consistorio mirobrigense se completaba con José Montero, como segundo alcalde,
y los ediles Agustín Guitián, Antonio Cabrera, Francisco Martín, Eugenio
Hernández, Francisco Forns, José Forns, Diego Toribio, Hilario Sánchez, José
Alonso Montes, Ladislao Sánchez Manzano, Juan Valls y José Romo Mesa.
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