El asesinato de Ariza y los sucesos del 10 de junio de 1808

Ciudad Rodrigo no fue ajena en 1808 a la llamada de la sangre. El levantamiento del 2 de mayo en Madrid, sofocado por Murat, había sido el detonante para el despliegue de una rebelión popular como respuesta al amiguismo, rayano con la felonía, que a los ojos del pueblo abanderaba Manuel de Godoy, el Príncipe de la Paz,  valido de Carlos IV, en la antesala del motín de Aranjuez que llevaría a Fernando VII al trono real.

El favoritismo que el pueblo apreciaba en el trato a las tropas francesas en detrimento de los honores al ejército español, junto con las noticias de las maniobras de Napoleón y sus generales para descabezar la Corona, estaban minando el ánimo del pueblo, que cada vez veía o creía ver mayores muestras de amiguismo hacia un ejército que estaba marcando las pautas para la invasión de toda la península.

     

Escudo de armas de Luis Martínez de Ariza

Ese apego, aparente o real según distintas apreciaciones, fue el caldo de cultivo sobre el que más tarde se asentarían acciones, cuando no llamativas omisiones, protagonizadas por distintos responsables políticos y militares de plazas fuertes significativas. Que no se artillaran las murallas ni se armara al pueblo en momentos claves, que el día de San Fernando no se dieran las salvas en honor del rey o que los gobernadores hicieran caso omiso a las reivindicaciones populares, incluso limitando, descreyendo o adulterando las informaciones que llegaban del levantamiento en armas contra las tropas napoleónicas, fueron el caldo de cultivo por el que penaron con su vida, por ejemplo, los gobernadores de las plazas fuertes de Badajoz y Cádiz a finales de mayo de 1808.

Si el 29 de mayo una turba amotinada acababa en Cádiz con la vida de Francisco Solano y Ortiz de Rozas, marqués del Socorro y de la Solana, al día siguiente se repetía la acción en la plaza fuerte de Badajoz, en donde fue asesinado Toribio Gragera de Vargas, conde de la Torre del Freno, gobernador de dicha ciudad y capitán general de Extremadura.

En Ciudad Rodrigo el motín se retrasó algo más de un mes, pero desde mediados de mayo la situación era casi insostenible, dada la anuencia que el pueblo veía en el comportamiento de su gobernador, el brigadier Luis Martínez de Ariza, con representantes del ejército napoleónico, pese a que unos meses antes se habían cerrado las puertas de la ciudad ante la pretensión francesa de alojarse en la plaza mirobrigense. Pero el pueblo vio en sus gestos una inacción proclive a Napoleón al rehuir la entrega de armas al pueblo, al no enarbolar la bandera ni favorecer las salvas de ordenanza que todos los vecinos esperaban el 30 de mayo.

El pueblo se solivianta y pide a su gobernador acciones concretas que avalen su postura contra el que ya se consideraba ejército invasor. No las encuentra, pese a que acuden reiteradamente a su casa del Campo del Gallo para reclamárselas a viva voz. Incumple, de nuevo, sus promesas, una conducta que obliga a la masa a obrar por sí misma al constituir una junta de defensa en la que queda excluido el propio gobernador. Al frente de ella colocan a Ramón Blanco, teniente de rey en la plaza de Ciudad Rodrigo.

La conocida adhesión de Martínez de Ariza hacia el Príncipe de la Paz, la imprudencia con la que había favorecido a los franceses y la ambigua conducta que durante su gobierno había observado fueron los detonantes que llevaron al pueblo a acusarle de “afrancesado” y “traidor”.

Encabezamiento de un impreso de Ariza cuando era gobernador de Ciudad Rodrigo

A las tres de la tarde del 10 de junio de 1808, una turba nutrida de milicianos llegados de distintos puntos de España, pero también de muchos mirobrigenses, se arremolina junto a la casa del gobernador con el fin único de pedir su cabeza. Martínez de Ariza atranca la puerta, lo que no es óbice para que los más audaces escalen hacia las ventanas y se adentren en el inmueble. De nada sirvieron los esfuerzos de miembros de la junta de defensa para aplacar los ánimos. A las cuatro de la tarde se abrió la puerta de la residencia del gobernador. Su cuerpo, todavía palpitante, ensangrentado, era arrastrado escaleras abajo hacia el zaguán. El cadáver lo arrojaron a la calle, en donde fue abandonado. Después sería recogido, junto a los de Fidel, el Sabio, persona de confianza del gobernador; Tomás Correa, maestro de postas; y Juan Bayle, comerciante, para ser enterrados.

En el archivo del Hospital de la Pasión se conserva el apunte con la partida de enterramiento del gobernador Luis Martínez de Ariza y las otras tres personas que fueron pasadas a cuchillo el 10 de junio de 1810: “Dn. Luis de Ariza, gobernador; Dn. Fidel, el Sabio, ayudante; Tomás Correa y Juan Vayle, francés, vecinos de esta ciudad. En diez de junio de mil ochocientos ocho, fueron presentados quatro cadáveres de orden de la junta [de defensa]] en la capilla del depósito de difuntos de este Santo Hospital de la Pasión para darles eclesiástica sepultura en el camposanto de él; que los nombres, apellidos y empleos se expresarán en la margen de esta partida. Y en cumplimiento de lo mandado por la nominada junta, lo firmo como tal cura del santo Hospital en dicho día, mes y año. Mancio Quirós. Firmado.”

Los tres asesinados junto al gobernador eran sospechosos y se les tildaba de amigos y agentes de Francia. El comerciante Bayle era odiado por el pueblo al haberse aprehendido de un contrabando y, de acuerdo con el comandante francés Tete Fort, junto a 200 franceses armados, para, con escarnio, venderlo públicamente.

Firma de Luis Martínez de Ariza

El lamentable suceso que acabó con la vida del gobernador Luis Martínez de Ariza fue posteriormente investigado para aclarar lo que había ocurrido aquella tarde del 10 de junio de 1808. Se abrió una causa en la que, entre otros, fueron citados e interrogados varios miembros de la Junta de Defensa y Armamento de Ciudad Rodrigo, caso de Pedro Tréllez Osorio, arcediano titular, provisor y vicario general; Nicolás Patiño, prior del convento de Santo Domingo; Esteban Mejía, oficial del ejército, retirado; Tomás Díez Taravilla, teniente de las milicias urbanas; y José Díez Taravilla, oficial de dichas milicias.

La Junta de Regencia publica el 21 de mayo de 1811 en La Gaceta una circular del Ministerio de Guerra, en la que se restituye el honor a Martínez de Ariza, declarándole “buen servidor de la patria y del rey, que no resulta hubiese dado motivo alguno para el menor procedimiento contra su persona y que fue injusta, violenta y escandalosamente asesinado. Todo lo cual deberá hacerse público y notorio en la orden del día y papeles públicos a fin de que quede ilesa la memoria de este benemérito oficial”, concluye el acuerdo.

Posteriormente, la viuda de Luis Martínez de Ariza, Francisca de Paula Taboada de Mendoza, presentaría una solicitud al Consejo de la Regencia reclamando una pensión sobre los fondos de represalías, como la que se había concedido a otras viudas, y con el fin de remediar su estado de indigencia y por haber perdido dos hijos en el servicio de la patria. La comisión de Premios no accedió a esta solicitud, justificando su decisión en que la interesadas y sus hijas gozaban de otra pensión.