Inventario de alhajas al suprimir la iglesia de San Juan

La agrupación, por tanto supresión de las parroquias mirobrigenses, fue una reordenación obligada por el Gobierno de la Regencia que presidió el general Baldomero Espartero entre 1840 y 1843, al dictar una nueva desamortización de los bienes eclesiásticos[1] que tuvo su origen y desarrollo en 1841, aunque su ejecución no comenzaría hasta iniciado 1842. Precisamente, el tres de enero de 1842 el Ayuntamiento ve en sesión una carta remitida por el obispo civitatense, Pedro Alcántara y Jiménez, en la que pide al Consistorio su pronunciamiento sobre la su supresión de varias parroquias en Ciudad Rodrigo, lo que se vino a llamar en términos eufemísticos “reordenación parroquial”.

Apuntes sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo (IV)

El 1 de marzo de 1708, el brigadier Pedro Borraz firma un auto para la tasación de las casas que son necesarias destruir para la fortificación, tanto en el interior como en el exterior de las murallas, cumpliendo con las órdenes de la superioridad y favoreciendo, en la medida de las posibilidades, a los vecinos afectados: “Por cuanto se halla con real orden en razón de que se deshagan todas las casas que han quedado en el arrabal de San Andrés de esta ciudad y las que dentro de ella por contiguas a la muralla fueren de embarazo para la fortificación que se está obrando en esta plaza y considerando que muchos de los dueños de dichas casas no podrán o no querrán recoger ni aprovecharse de los materiales de ellas, para que los tales puedan ocurrir a Su Majestad cuando y como les sea conveniente en razón de ello, mandaba y mando que todas y cada una de las casas que en esta manera de orden de su señoría se fueren derribando de cuyos materiales los referidos dueños o administradores no pretendieren aprovecharse ni valerse sino es dejarlos para que se apliquen y gasten en lo necesario a la obra de dicha fortificación, se reconozcan, valúen y tasen según la común estimación y valor, que cada una de ellas o parte (de que sus dueños no se valieren) tuviere a la sazón, de cuya regulación y tase se forme asiento, diligencia y fe a continuación de este auto para que las partes interesadas ganen y se les dé los testimonios que pidieren y necesitaren.”

Un siglo atrás: el Carnaval de 1915

A finales de julio de 1914 había estallado la Gran Guerra. España decidió quedarse al margen. Ya tenía demasiado. Era un país económicamente atrasado, que se había quedado sin colonias, aislado en el arco internacional, moralmente destrozado y con gobiernos que mantenían hasta la extenuación una crisis política sin visos de solución; además, había surgido el problema de Marruecos. Un tótum revolútum, un pandemonio que derivó en una crisis obrera que abanderó la huelga como medida reivindicativa. Y Ciudad Rodrigo, abocada a una crisis generacional en los últimos tiempos, se identificaba palmariamente con ese revoltijo, con esa crítica situación social y económica. Sin recursos, sin trabajo, la clase obrera mirobrigense buscó salidas a su situación, llegando al extremo, vista la idiosincrasia de los habitantes de la ciudad del Águeda, de barajar que se solicitase al Ayuntamiento rodericense la suspensión de los festejos carnavalescos de 1915 y “el empleo de su importe en trabajo para los proletarios”, anunciaba Avante en un suelto del 23 de febrero.

Creación y bendición del cementerio de la iglesia de San Juan

El 28 de julio de 1804, el Consejo de Castilla promulga una real orden por la cual se recomienda la construcción de cementerios a la mayor brevedad[1]. Esto sería preferente en las ciudades o villas capitales, pueblos que hayan sufrido epidemias o estén expuestos a ellas y en aquellas parroquias en que se considere urgente por el número de habitantes, escasez de espacio, etc. Los cementerios se construirán fuera de las poblaciones y a distancia conveniente de estas, en parajes bien ventilados con terreno adecuado, evitando el riesgo de filtración o comunicación con aguas potables del vecindario.

Apuntes sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo (III)

Las obras emprendidas, sin embargo, no supusieron grandes mejoras. Y vemos cómo, por ejemplo, Esteban de Olalla, sargento general y gobernador de la plaza de Ciudad Rodrigo en 1703, ya con dos años de andadura del conflicto bélico por la sucesión al trono de la corona española, se lamenta del estado de las defensas mirobrigenses: “…cuán antiguas, derrotadas e irregulares son las murallas de esta ciudad, cuán para los vecinos de ella que pueden tener armas, pues no pasan de cuatrocientos, que sólo constan las dos compañías de infantería de su dotación de sesenta plazas con que no sólo no se puede defender ni cubrir las cinco leguas de tierra muy llana que dista de la plaza de Almeida, pero ni evitar el malogro de tanta hacienda como se van perdiendo…”[1]