La Declaración de Ciudad Rodrigo de 1971 en defensa del patrimonio arquitectónico

Uno que anda siempre pendiente del patrimonio monumental y natural, de su conservación, rehabilitación y proyección, no puede obviar que Ciudad Rodrigo fue un referente en esta materia en la primavera de 1971, cuando un grupo de técnicos, alcaldes de centros históricos, responsables de la extinta Comisaría del Patrimonio Artístico Español y otras personas redactaron la denominada Declaración de Ciudad Rodrigo, un decálogo en el que se afirmaba, en líneas generales, que la salvaguarda del patrimonio cultural exige una estrecha colaboración entre los organismos de control nacional y los locales. O que era y es preciso, asimismo, hacer intervenir en estos problemas a los propios habitantes, incluso desde el punto de vista de la planificación, hecho que lleva implícita la necesidad de una labor formativa previa. La resolución del problema de infraestructuras y el establecimiento de una política de subvenciones, préstamos y ayudas fiscales, se considera imprescindible. La Declaración de Ciudad Rodrigo forma parte de la serie de cartas internacionales en defensa del patrimonio cultural, iniciadas por la conocida Carta de Atenas (1933) y la Carta de Venecia de 1966. Después de la Declaración de Ciudad Rodrigo surgieron la de Bolonia (1974) y la Carta de Machu Picchu (1977). Todos los planteamientos que figuraban en esas cartas y declaraciones fueron recogidos definitivamente en las Cartas Europeas de Patrimonio y Ordenación del Territorio, que se iniciaron  en 1978 con la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, "donde se define que el Patrimonio está formado, no sólo por nuestros monumentos más importantes, sino también por los conjuntos que constituyen nuestras ciudades antiguas y nuestros pueblos tradicionales en su medio ambiente natural o construido. La conservación integrada exige la elaboración de medios jurídicos, administrativos, financieros y técnicos. Y, por último, en la Carta Europea de Ordenación del Territorio, de 1983, se afirma que la puesta en valor del patrimonio arquitectónico, de los monumentos y de los sitios, debe estar integrada en una política general de Ordenación del Territorio y del Urbanismo", según se resume en una entrada de la recurrente Wikipedia.